Introducción general
Este artículo y los tres siguientes son una publicación conjunta de PKI Global Justice Journal (en inglés) y Quid Justitiae (en francés y español).
En los últimos 25 años ha surgido un sistema de justicia internacional que trata de responder a los llamados que se han realizado desde hace décadas para una mayor rendición de cuentas por los abusos masivos de los derechos humanos. Los tratados y declaraciones firmados por la mayoría de los países del mundo prohíben los crímenes internacionales, incluida la violencia sexual, pero lo que ha faltado son los mecanismos y la voluntad política para hacerlos cumplir. Según Amnistía Internacional, el 86 % de los 193 Estados Partes de las Naciones Unidas ya han definido uno o más de los principales crímenes internacionales en su legislación nacional y el 76 % ha establecido la jurisdicción universal sobre una o más de estas categorías de crímenes[1]. La creación de la Corte Penal Internacional (CPI) ha estado a la vanguardia en este movimiento hacia una mayor rendición de cuentas. Su tratado constitutivo consagró el principio de la “complementariedad”, lo que significa que los Estados tienen la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar los crímenes internacionales[2]. El sistema que creó depende de una sólida red de cooperación de los Estados con la CPI (denominada cooperación “vertical”), sin embargo la cooperación ha sido a menudo muy inadecuada, lo que ha afectado negativamente a la eficiencia de la Corte y a su capacidad para cumplir su mandato[3]. Además, dado que los tribunales internacionales sólo pueden ocuparse de un número limitado de casos, es esencial fomentar una cooperación “horizontal” efectiva entre los Estados en la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes internacionales[4]. Un panorama general de los enjuiciamientos de crímenes de guerra a nivel mundial indica que 48 países han iniciado enjuiciamientos relacionados con crímenes atroces en el último decenio y medio, 33 de los cuales iniciados en el país afectado, mientras que más de 10.000 autores han sido llevados ante los tribunales nacionales en todo el mundo[5]. Posterior a ese estudio, se emprendieron muchos más enjuiciamientos nacionales, a menudo basados en la jurisdicción universal y en contextos en los que representan la única oportunidad para que las víctimas obtengan justicia, como los enjuiciamientos en Europa por crímenes cometidos en Siria[6]. Al mismo tiempo, existen importantes dificultades para llevar esos casos ante los tribunales nacionales: escasez de recursos para las investigaciones y los enjuiciamientos; falta de voluntad política y politización de los casos; deficiencias en la legislación nacional sobre crímenes de guerra; falta de seguridad personal para las víctimas y los testigos; estigmatización de las víctimas de violencia sexual; barreras lingüísticas, culturales y de sensibilidad; falta de confianza entre las partes interesadas; falta de comprensión de los requisitos jurídicos de los Estados para enjuiciar; e insuficiente colaboración entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los Estados para los casos con elementos transnacionales[7]. Las ONG suelen desempeñar un papel en los casos que se presentan a nivel nacional y pueden contribuir a la labor de los fiscales nacionales aportando recursos y conocimientos adicionales. Se trata de organizaciones internacionales y nacionales que trabajan en los ámbitos de la vigilancia de los derechos humanos, las cuestiones de género, los niños soldados, la ayuda humanitaria y muchas otras esferas. También hay un número cada vez mayor de organizaciones que participan directamente en la preparación de causas para su enjuiciamiento, con acceso directo a las víctimas y los testigos, asociaciones con organizaciones de base y conocimientos especializados en derecho penal internacional, violencia sexual en los conflictos, niños soldados y otras esferas pertinentes. Existen algunas relaciones de colaboración con las autoridades nacionales de enjuiciamiento y hay ejemplos exitosos, como la cooperación entre fiscales belgas y suizos y Civitas Maxima en los casos Johnson y Kosiah relativos a Liberia, o la labor de Human Rights Watch con el Gobierno senegalés en el caso Habré. Sin embargo, si bien recientemente se ha prestado más atención al papel de las ONG[8], poco se ha desarrollado en cuanto a las directrices para asegurar que los gobiernos y las ONG involucradas en tales casos operen de manera que se apoyen mutuamente, con el objetivo de lograr un enjuiciamiento exitoso con el respeto a las garantías del debido proceso y con una perspectiva de género en todas las etapas.
Sobre la base de esta premisa, una iniciativa conjunta de la Sección de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra del Departamento de Justicia de Canadá, Canadian Centre for International Justice, Abogados sin Fronteras Canadá, Human Rights Center of University of California's Berkeley Law, Universidad Laval y Canadian Partnership for International Justice, se organizó una reunión de expertos los días 15 y 16 de marzo en la Universidad de Ottawa. Se identificaron las cuestiones clave que pueden conducir a una colaboración más eficaz entre las autoridades nacionales y las ONG en el enjuiciamiento nacional de los crímenes internacionales, al tiempo que se documentaron y compartieron las buenas prácticas de los funcionarios del Estado y las ONG, con aportes académicos.
Antes de la reunión de expertos, se redactó un documento de referencia para proporcionar información básica sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas del enjuiciamiento y las ONG, sobre la base de una serie de documentos que abordaban este tema desde diferentes perspectivas[9]. En primer lugar, sobre la base de esta investigación, algunos conceptos y marcos jurídicos fueron definidos como la base de la discusión y deben ser tenidos en cuenta por todas las partes interesadas al investigar los crímenes internacionales (Parte I).
En los siguientes artículos se destacará, respectivamente, que el conocimiento de la política de investigación y el respeto de los principios de cooperación y colaboración son esenciales para recopilar información que podría tener valor probatorio (Parte II), que la documentación de la información debe llevarse a cabo de manera rigurosa de acuerdo con varias etapas de planificación (Parte III) y, por último, se subrayará que, una vez recopilada la información, su gestión plantea múltiples desafíos y resultados (Parte IV).
Parte I: Definiciones jurídicas y marco jurídico (conceptual)
Los actores de la sociedad civil (ASC) deben ser englobados en una definición amplia que comprenda “cualquier actor no estatal que tenga un rol formal o no formal en el proceso de justicia legal” (Cooperation between CSAs and judicial mechanisms in the prosecution of CRSV, p. 8). Esta definición incluye las ONG y otros primeros intervinientes que puedan interactuar directamente con las víctimas o llegar a estar en contacto o en posesión de información o evidencia de un crimen internacional (Cooperation between CSAs and judicial mechanisms in the prosecution of CRSV, p. 8: el término ‘primeros intervinientes’ puede referirse a periodistas, profesionales de la salud, psicólogos, activistas de derechos humanos, asociaciones de víctimas o vecinos). Como primeros intervinientes, las ONG a menudo están bien posicionadas para recolectar información a cerca de crímenes internacionales ya que su personal puede llegar a la escena del crimen mucho antes que los investigadores criminales quienes pueden enfrentar obstáculos diplomáticos, legales o pragmáticos para llegar a los lugares donde los crímenes fueron cometidos (First Responders, p. 4). La palabra “investigadores” incluye “monitoreo”, “documentación” e “investigación de hechos” realizados por investigadores nacionales e internacionales sobre atroces violaciones (Investigating CRSGBV against men and boys, p. 18 : las investigaciones pueden ser lideradas “por investigadores nacionales, jueces e investigadores de la sociedad civil a fin de apoyar cualquier responsabilidad penal o no penal”; “las investigaciones penales incluyen las nacionales, híbridas y de tribunales internacionales, como la CPI”; “otras investigaciones” se refiere a “comisiones de investigaciones internacionales o de otra índole, otros mecanismos de investigación, arbitrajes y otras formas de responsabilidad civil, así como instituciones como las comisiones de la verdad y reconciliación”).
El término “cooperación” se refiere no solo a un amplio espectro de interacciones entre los ASC y mecanismos judiciales, ya sea en un nivel nacional o internacional, sino también a cualquier intervención o acción de una parte que pueda tener un impacto sobre la otra, como destacar casos específicos para que los fiscales inicien investigaciones; intervenciones que afecten la investigación exitosa y la persecución de crímenes internaciones; la recolección de pruebas y la identificación de víctimas y testigos; o la provisión de cuidados especiales y apoyo a las víctimas (Cooperation between CSAs and judicial mechanisms in the prosecution of CRSV p. 9). Una “efectiva cooperación” es el principal objetivo perseguido, sin adoptar un enfoque exclusivamente basado en resultados que podría ser perjudicial para las víctimas, sino mejorando los canales de comunicación a lo largo del proceso de recojo de información y pruebas (First responders, p. 5). Esto incluye una amplia gama de formas de cooperación, como facilitar la identificación y la persecución de crímenes internacionales; una mayor sensibilización en la conciencia pública de la necesidad de justicia para las víctimas y la lucha contra la impunidad de los perpetradores; o un beneficio reparador y una experiencia de empoderamiento para las víctimas (Cooperation between CSAs and judicial mechanisms in the prosecution of CRSV, p. 9).
Se pueden resaltar los obstáculos sustanciales para la participación de las ONG. Cuando participan en la recopilación de información e investigación, es posible que no estén dispuestos a cooperar con jurisdicciones o que centren sus esfuerzos en recabar pruebas para los procedimientos legales. Además, pueden no estar lo suficientemente entrenados como para llevar a cabo técnicas de recopilación y pueden no tener la información que pueda ser admisible ante un tribunal, por ejemplo respecto de los requisitos del proceso de autentificación de la Oficina de la Fiscalía de la CPI (First Responders, p. 4). Debido a esto, “existe la necesidad de desarrollar capacitaciones y difundir directrices sobre cómo recopilar evidencia de crímenes de manera que se maximice su potencial valor probatorio ante los tribunales” (First Responders, p. 4). Otro desafío que puede enfatizarse es que las ONG involucradas en investigaciones deben ser conscientes de los protocolos y prácticas que deben seguirse en la recopilación de información sobre crímenes internacionales para mejorar la rendición de cuentas, ya sea ante jurisdicciones nacionales o internacionales. Sin embargo, cualquier guía debería ser flexible mediante la implementación de estándares mínimos de los principios y técnicas que deben seguir los ASC al recopilar información y evidencia (First Responders, pp. 9-10).
Los “crímenes atroces” deberían ser entendidos como los crímenes internacionales de genocidio (según el artículo 6 del Estatuto de Roma de la CPI), crímenes contra la humanidad (según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la CPI) y crímenes de guerra (según el artículo 8 del Estatuto de Roma de la CPI), pero también como cualquier otra grave violación al Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional o Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Investigating CRSGBV against men and boys, p. 16). El término “testigos” puede incluir “victimas” quienes también pueden ser identificados como “sobrevivientes” (Investigating CRSGBV against men and boys, p. 18).
La comprensión e interpretación de la violencia sexual como un crimen internacional deben basarse en las disposiciones del Estatuto de Roma de la CPI (Para las disposiciones del Estatuto de Roma sobre violencia sexual, ver el Anexo A de Cooperation between CSAs and judicial mechanisms in the prosecution of CRSV, p. 40; ver también International Protocol on the documentation of sexual violence in conflict, capítulo 4, pp. 41-64). Estas disposiciones son ampliamente ratificadas por los Estados, incluidas las relativas a la violencia sexual relacionadas con los conflictos y están reflejadas en numerosas legislaciones nacionales. Por ello, estos entendimientos deberían ser comunes a la CPI y a los tribunales nacionales para la persecución de estos crímenes como un crimen internacional (Cooperation between CSAs and judicial mechanisms in the prosecution of CRSV, p. 9).
La violencia sexual y basada en el género en contra de hombres y niños debe ser visibilizada ampliamente y debe incluir cualquier conducta “dirigida en contra de hombres o niños a causa de su sexo, orientación sexual y/o roles de género socialmente construidos, independientemente de si esta conducta también involucra violencia sexual o no; si necesariamente se lleva a cabo durante un conflicto armado; o si la naturaleza sexual involucra violencia física o contacto” (Investigating CRSGBV against men and boys, p. 16; ver también la p. 17 sobre la definición específica de ‘hombres y niños’ y ‘niñez’ cuyas necesidades y experiencias pueden diferir de las mujeres o niñas víctimas de tales violaciones; pp. 18-19 sobre otras minorías sexuales y de género (descritas o auto identificadas como homosexuales, bisexuales, transgéneros/trans y/o intersexuales)).
La violencia y las violaciones graves en contra de niños en conflictos armados se refieren a cada persona menor de 18 años, que están sujetos a asesinatos o mutilaciones; reclutamiento o uso de niños en las fuerzas armadas y grupos armados; ataques en contra de escuelas u hospitales a los que asisten niños; violación y otras formas de violencia sexual en contra de niños; secuestro de niños; y negación del acceso a la asistencia humanitaria (Guidelines – MRM on grave violations against children in situations of armed conflict, p. 3). Estas seis violaciones graves son objeto del mecanismo de monitoreo y de informes establecido en el marco de las Naciones Unidas, implicando un círculo amplio de partes interesadas, como el Consejo de Seguridad de la ONU, gobiernos nacionales, departamentos y agencias de la ONU, ONG internacionales y locales y comunidades afectadas).
Equipo de redacción : Silviana Cocan, estudiante de la Clínica de Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario (Facultad de Derecho, Universidad Laval); Profesor Joseph Rikhof (Facultad de Derecho, Sección de Common Law, Universidad de Ottawa); y el Director Adjunto de la Clínica, Érick Sullivan
Equipo de traducción : Silviana Cocan, Maria Belén Gallardo Rivas, Maxime Mariage, Marie Prigent, Alicia Pujol
[1] Amnesty International, “Universal Jurisdiction: A Preliminary Survey of Legislation Around the World - 2012 Update”, 9 October 2012: www.amnesty.org/en/documents/IOR53/019/2012/en/
[2] Lafontaine, F. “National Jurisdictions” in W. A., Schabas, Cambridge Companion to International Criminal Justice (Cambridge: Cambridge University Press, 2015; Akhavan, P. “Whither National Courts? The Rome Statute’s Missing Half: Towards an Express and Enforceable Obligation for the National Repression of International Crimes” Journal of International Criminal Justice 8, no. 5 (2010): 1245; Schabas, W. A. The International Criminal Court: a Commentary on the Rome Statute (Oxford: Oxford University Press, 2010); Broomhall, B. International Justice and the International Criminal Court (Oxford: Oxford University Press, 2003); Dancy G. & F. Montal. “Unintended Positive Complementarity: Why International Criminal Court Investigations May Increase Domestic Human Rights Prosecutions” American Journal of International Law 1 (2017, Forthcoming): 4; Heller, K. J. “Radical Complementarity” Journal of International Criminal Justice 14 (2016): 637; Mégret F. & M. G. Samson. “Holding the Line on Complementarity in Libya: The Case for Tolerating Flawed Domestic Trials”, Journal of International Criminal Justice 11, no. 3 (2013): 571; Stahn C. & M. M. El Zeidy., eds, The International Criminal Court and Complementarity: From Theory to Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).
[3] International Criminal Court, ICC-Resolution ICC-ASP/13/Res.3, 17 December 2014; Broomhall, B. & C. Kress. “Implementing Cooperation Duties under the Rome Statute: a Comparative Synthesis”, in C. Kress & G. Bitti, dir., The Rome Statute and Domestic Legal Orders (Baden: il Sirente Societa Cooperativa, 2005); Sluiter, G., H. Friman, S. Linton, S. Vasiliev & S. Zappalà. International Criminal Procedure: Principles and Rules (Oxford: Oxford University Press, 2013).
[4] Lafontaine, F., “La compétence universelle et l’Afrique : ingérence ou complémentarité ?” Études internationales 45, no. 1 (2014): 129. https://doi.org/10.7202/1025120ar; Ellis, M. S. “InternationalJustice and theRule of Law: Strengthening the ICC through Domestic Prosecutions” Hague Journal on the Rule of Law 1, no. 1 (2009): 79; Gaeta, P. “The Need to Reasonably Expand National Criminal Jurisdiction over International Crimes”, in A. Cassese, dir., Realizing Utopia: the Future of International Law (Oxford: Oxford University Press, 2012) 596.
[5] Rikhof, J. “Prosecution of International Crimes - a Historical and Empirical Overview”, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 2 (2014): 108. https://boap.uib.no/index.php/BJCLCJ /article/view/706.
[6] Trial International, “Universal Jurisdiction Annual Review: Make Way for Justice #2” (Geneva: Trial International, 2016); Lafontaine, F. & S. Gagné. “Complementarity Revisited: National Prosecutions of International Crimes and the Gaps of International Law” Journal of International Criminal Law in Context (Routledge, 2018, Forthcoming), ch. 13; Langer, M. “Universal Jurisdiction is Not Disappearing: The Shift from ‘Global Enforcer’ to ‘No Safe Haven’ Universal Jurisdiction” Journal of International Criminal Justice 13 (2015): 245.
[7] Currie, R. J. & J. Rikhof, “International & Transnational Criminal Law”, 2nd ed, (Toronto: Irwin Law, 2014); Harrington, J. “Extradition of Transnational Criminals”, in N. Boister & R.J. Currie, eds, Routledge Handbook of Transnational Criminal Law (London: Routledge, 2014); Roth, R. “The extradition of genocidaires” in P. Gaeta, ed, The UN Genocide Convention – A Commentary (Oxford: Oxford University Press, 2009) 278; Van der Wilt, H. “Sadder but wiser? NGOs and universal jurisdiction for international crimes” Journal of International Criminal Justice 13, no. 2 (2015): 237; “Universal Jurisdiction under Attack: an Assessment of African Misgivings towards International Criminal Justice as Administered by Western States” Journal of International Criminal Justice 9, no. 5 (2011): 1043 ; Lafontaine, F., “Universal Jurisdiction - the Realistic Utopia” Journal of International Criminal Justice 10, no. 5, (2012): 1277.; Meylan, J., ed., La lutte contre l’impunité en droit suisse : compétence universelle et crimes internationaux, 2nd ed., (Geneva : Trial, 2015), online : http://www.trial-ch.org/fileadmin/user_upload/documents/publications/Manuel_juridique_2015/TRIAL-MJ_FINAL_21.07.15.pdf ; Lafontaine, F., Prosecuting Genocide, Crimes against Humanity and War Crimes in Canadian Courts (Toronto: Carswell, 2012); Kemp, S. “Guatemala Prosecutes Former President Rios Montt: New Perspectives on Genocide and Domestic Criminal Justice.” Journal of International Criminal Justice 12, no. 1 (2014): 133. https://doi.org/10.1093/jicj/mqu002.
[8] Bekou, O. “Doing Justice for the Liberian Victims of Mass Atrocity: NGOs in Aid of Universal Jurisdiction.” Journal of International Criminal Justice 13, no. 2 (May 1, 2015): 219. https://doi.org/10.1093/jicj/mqv006 ; Van der Wilt, H. “Sadder but wiser? NGOs and universal jurisdiction for international crimes” Journal of International Criminal Justice 13, no. 2 (2015): 237; UK & Commonwealth Office, “International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict: Basic Standards of Best Practice on the Documentation of Sexual Violence as a Crime under International Law”, March 2017: https://www.gov.uk/government/ uploads/system/uploads/attachment_data/file/598335/International_Protocol_2017_2nd_Edition.pdf ; International Law Commission, Crimes against Humanity Proposed Treaty, Draft Article 4.
[9] Human Rights Center, UC Berkeley School of Law, First Responders - An International Workshop on Collecting and Analyzing Evidence of International Crimes, September 2014 (hereinafter, First Responders), p. 1: https://www.law.berkeley.edu/files/HRC/First_Responders_final_with_cover4.pdf; Institute for International Criminal Investigations, Guidelines For Investigating Conflict-Related Sexual and Gender-Based Violence Against Men and Boys, 29 February 2016 (hereinafter, Investigating CRSGBV against men and boys), p. 1: https://iici.global/0.5/wp-content/uploads/2017/03/160229_IICI_InvestigationGuidelines_ConflictRelatedSGBVagainstMenBoys.pdf ; Public International Law & Policy Group, Field Guide for Civil Society Documentation of Serious Human Rights Violations, 2016 (hereinafter, Field Guide for Civil Society Documentation), pt. 2: http://www.publicinternationallawandpolicygroup.org/wp-content/uploads/2016/03/Field-Guide-for-Civil-Society-Documentation-of-Serious-Human-Rights-Violations_c.pdf ; United Nations Children’s Fund (UNICEF), Field Manual – Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Violations Against Children in situations of Armed Conflict, June 2014 (hereinafter, Field manual – MRM on grave violations against children in situations of armed conflict) p. V: https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2016/04/MRM_Field_5_June_2014.pdf ; United Nations Children’s Fund (UNICEF), Guidelines – Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Violations Against Children in situations of Armed Conflict, June 2014 (hereinafter, Guidelines – MRM on grave violations against children in situations of armed conflict), p. 4: https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2016/04/MRM_Guidelines_-_5_June_20141.pdf ; Foreign & Commonwealth Office, International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict - Best Practice on the Documentation of Sexual Violence as a Crime or Violation of International Law, 2nd edition, March 2017 (hereinafter, International Protocol on the documentation of sexual violence in conflict), p. 11: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319054/PSVI_protocol_web.pdf ; International Nuremberg Principles Academy, Cooperation between Civil Society Actors and Judicial Mechanisms in the Prosecution of Conflict - Related Sexual Violence: Guiding Principles and Recommendations, July 2017 (hereinafter, Cooperation between CSAs and judicial mechanisms in the prosecution of CRSV), pp. 6-8: https://www.nurembergacademy.org/fileadmin/media/pdf/projects/improving_cooperation_sexual_violence/Guiding_Principles_And_Recommendations_CRSV.pdf ; Public International Law & Policy Group, Handbook on Civil Society Documentation of Serious Human Rights Violations - Principles & Best Practices, 2016 (hereinafter, Handbook on Civil Society Documentation), p. 13: http://www.publicinternationallawandpolicygroup.org/wp-content/uploads/2016/03/Handbook-on-Civil-Society-Documentation-of-Serious-Human-Rights-Violations_c.pdf ; Foreign & Commonwealth Office, International Criminal Law Guidelines: Means of proof of sexual and gender-based violence crimes, Center for International Law Research & Policy, Case Matrix Network, November 2017 (hereinafter, Means of proof of SGBV crimes): www.legal-tools.org/doc/e06a52/pdf/ ; Human Rights Center, UC Berkeley School of Law, The New Forensics – Using Open Source Information to Investigate Grave Crimes (hereinafter, Using Open Source Information), February 2018: https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2018/02/Bellagio_report_2018_9.pdf
