Symposium de Quid Justitiae à l’occasion de la 17e Assemblée des États Parties [ASP17 / AÉP17 (2018)]
Cette année encore, Quid Justitiaes’associe au Partenariat canadien pour la justice internationale à l’occasion de l’Assemblée des États Parties (AÉP) à la Cour pénale internationale, dont la 17eédition se déroule à La Haye, aux Pays-Bas, du 5 au 12 décembre 2018. Pendant cet événement, des représentant.e.s des États ayant ratifié le Statut de Rome ou y ayant accédé se rassemblent pour prendre des décisions cruciales concernant la Cour. De multiples événements parallèles sont aussi organisés par des organisations de la société civile pour stimuler les discussions et trouver des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation du projet envisagé lors de l’adoption du Statut de Rome. Dans ce contexte, Quid Justitiae diffuse les billets écrits par les étudiant.e.s du Partenariat qui participent à l’AÉP. Ces billets résument, vulgarisent et analysent les événements qui surviennent à l’AÉP.
La septième contribution à ce symposium est offerte par Melisa Handl et concerne la place de l’Amérique latine et des Caraïbes à la Cour pénale internationale.
Pour lire les précédentes publications du symposium, cliquez ici ou ici.
--------------
Del 5 al 12 de diciembre del 2018, los estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) se reúnen en el Centro de Convenciones del Foro Mundial en La Haya para la 17ª Sesión Anual de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma. La Asamblea de los Estados Partes que actúa como órgano rector de la Corte se reúne en congreso general plenario una vez al año para discutir y decidir sobre asuntos clave para el futuro funcionamiento de la CPI. La sociedad civil está aquí acompañando en cada etapa del proceso, monitoreando sesiones e interactuando con delegados de los estados partes, a los fines de abogar por una CPI independiente, efectiva y justa.
El sábado 8 de diciembre de 2018 se llevó a cabo un evento paralelo durante el transcurso de la jornada denominado “El rol de América Latina y el Caribe ante la Corte Penal Internacional: contribución y compromisos a los 20 años de la adopción del Estatuto.” Tal evento fue organizado por la Embajada de Costa Rica ante los Países Bajos y La Coalición por la Corte Penal Internacional (CICC).
El Sr. Embajador Godinez explicó que la CPI, a pesar de ser criticada por ser una institución mayormente eurocéntrica, es relevante para la región de América Latina porque “nos permite concientizar de la importancia que tiene la complementariedad y para seguir mejorando nuestros sistemas de justicia internos.” El embajador resaltó que el principio de complementariedad del Estatuto de Roma es una garantía, ya que si nuestros mecanismos internos fallan, nos aseguraremos que no haya impunidad sobre los crímenes más atroces. En cuanto a los desafíos, Godinez explicó que existen actores muy poderosos que cuestionan el mundo actual (basado en reglas de entendimiento y de buena fe) con miras a erosionar el sistema legal internacional. Esas amenazas demandan de América Latina un papel relevante en la defensa de los valores que representa este sistema de justicia internacional representado por la CPI. Por último, el Sr. Embajador enfatizó la relevancia del tema de la paridad de género o “gender balance” como área que tenemos que seguir impulsando y trabajando conjuntamente en nuestra región desde el punto de vista de la sociedad civil y de los gobiernos.
A continuación, la moderadora del panel, Sra. Michelle Reyes Milk, Coordinadora Regional para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional, tomó la palabra. Reyes Milk explicó que la CPI es el resultado de pequeñas y medianas democracias y destacó el rol fundacional de la región de América Latina y el trabajo de activismode la sociedad civil. También reveló que el consenso logrado anteriormente en las deliberaciones sobre el crimen de agresión también fue en buena medida el logro de la participación de los estados latinoamericanos. Por último, manifestó que se vislumbra en la región la necesidad de más conocimiento respecto a la CPI a la luz de la apertura de nuevos exámenes preliminares.
Mariana Pena, asesora jurídica de Open Society Justice Initiative, compartió algunas reflexiones sobre la corte y las recomendaciones que tienen desde las organizaciones de sociedad civil sobre la próxima elección del nuevo fiscal. Pena resaltó el fenómeno de gradual expansión de la CPI, que está extendiendo su trabajo más allá de la región de África, acercándose a Europa del Este, Medio Oriente, al Oeste, y en sus exámenes preliminares, a la región de América Latina. Mariana Pena también demostró preocupación ya que “es inevitable observar que la corte está alejada de la región y que la región está alejada de la corte.” Según la asesora jurídica, hay poco conocimiento sobre la corte en nuestra región y tenemos un largo camino por recorrer en cuanto a la difusión del derecho penal internacional en la región de América Latina. Asimismo, manifestó que hay poca representación geográfica de nuestra región y conocimientos de nuestra cultura y sistemas jurídicos en la Corte. El uso de los idiomas inglés y francés en la Corte nos distancia, mientras que nacionales de otros países tendrían un acceso mucho más directo y fácil a la labor y producciones documentales e informativas del tribunal.
Mariana también manifestó preocupación respecto a la situación de ataques al multilateralismo propiciados por las amenazas de ciertos actores hacia la Corte. Sin embargo, Pena rescató con optimismo que de tal situación de embestida contra la Corte surge para la región de América Latina la oportunidad de demostrar su apoyo y compromiso con el proyecto de justicia penal internacional. Ya que Europa mantiene la tradición de evitar confrontación con otras regiones, América Latina emergería, en su opinión, como región de liderazgo ante esta situación de ataque al Estatuto de Roma. Por último, resaltó que Open Society Justice Initiative lleva varios meses enfocándose en el tema de la constitución del comité de elección del futuro fiscal de la CPI y que el tema es de suma urgencia.
Antonia Pereira de Sousa, Oficial de Relaciones Exteriores y de Cooperación de la Secretaría de la Corte Penal Internacional, por su parte, cree que los oficiales de la CPI han demostrado capacidad y conocimiento de la región de América Latina. Según Pereira de Souza, fue la región que tuvo el mayor número de eventos organizados por los gobiernos en sus respectivas capitales y en La Haya, lo que demuestra un compromiso indiscutible de la región con la Corte. Ese compromiso también queda demostrado en la realización del Seminario Regional realizado en Quito y la Declaración de Quito (Ecuador) el pasado 7 y 8 de junio del 2018 y la Declaración de Quito sobre el Vigésimo Aniversario de la Adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
La oficial explicó que el papel de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en la región de América Latina se focaliza en fortificar la relación y el conocimiento sobre la CPI en la región, reforzar la capacidad de América Latina para cooperar con la corte, vigorizar la universalidad para lograr una representación universal de la región, y robustecer el trabajo en materia de complementariedad, conocimiento en materia de participación de víctimas, protección de testigos, y administración de justicia. Una prioridad de la Secretaría sería la firma de acuerdos de cooperación, de reubicación de testigos, de ejecución de sentencias, y de acuerdos sobre libertad provisional o definitiva. Finalmente, las investigaciones financieras y de rastreo de bienes son cruciales para la fiscalía de la CPI necesitando de la cooperación de la región en este tema.
El Dr. Felipe Michelini, Miembro de la Mesa Directiva del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas de la CPI explicó que la contribución del estatuto de Roma a veinte años de su creación es demostrable ya que 28 estados de América Latina y del Caribe lo han ratificado, apoyando una Corte permanente, imparcial, independiente, que trate de los crímenes más graves. También manifestó que enfrentamos ataques absurdos al multilateralismo desde el 2000 y que “no se puede ser miembros del club sin asumir nuestros compromisos.”
Asimismo, Michelini introdujo a la conversación una pregunta fundamental. ¿Por qué el Estatuto de Roma es importante en una región que tiene la distribución del ingreso más inequitativa del planeta, millones de pobres, jóvenes sin futuro, una enorme fragilidad y violaciones endémicas y graves de derechos humanos, complejas historias de migraciones y violencia de género y discriminación de niñas y adolescentes? Según Michelini, el Estatuto de Roma es fundamental ya que 1) “ha puesto la vara alta,” proveyendo un discurso que antecede a la acción y permite a los estados y la sociedad civil responsabilizar a los estados; 2) trae un mensaje de paz y de no repetición del pasado que es fundamental para las víctimas y para la región, dando lugar a procesos de transición política y social que garanticen la paz con justicia, una paz sin impunidad, haciendo honor a nuestra tradición garantista consagrada en nuestras constituciones y en nuestro pensamiento jurista. También admitió que el uso predominante del idioma inglés y francés por la Corte es un problema para América Latina, que no los maneja.
Luz del Carmen Ibáñez Carranza, jueza de la Corte cumpliendo funciones en la misma desde el pasado junio del 2018, propició una apasionada y sumamente interesante intervención en el debate. La jueza, que cuenta con más de 35 años de experiencia como fiscal en Perú, nota una prevalencia del enfoque europeo y occidental sobre la forma en la que se aplica la ley en la Corte. Asimismo, cree que si bien la CPI está focalizada en la investigación de los grandes perpetradores, el tema de víctimas y de las reparaciones aún no ha sido bien desarrollado ni abordado. Lo último es sumamente importante porque la Corte, en palabras de la jueza, “tiene una avenida de dos vías: la sanción al perpetrador y la reparación a la víctima.”
La región latinoamericana ha sufrido grandes conflictos internos, terrorismo, guerrillas, dictaduras militares y violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Por ende, es una región que tiene mucha experiencia y que cuenta con su Corte Interamericana de Derechos Humanos, como “contribución sublime” en cuanto a las víctimas, quiénes son las víctimas, como hay que reparar, y la cuestión fundamental de la “pérdida del derecho de vida” que la CPI aún no ha entendido ni abordado correctamente.
Si bien el Estatuto de Roma cumplió 20 años, la Corte, en palabras de la juezaIbáñez Carranza, sólo lleva quince años en ejercicio de sus funciones y por lo tanto, “es una adolescente, y como tal, vulnerable, problemática.” Esta situación ofrece a América Latina el rol de líder de esta institución a través del desarrollo intenso de la “complementariedad positiva.” Explicó que la complementariedad es una avenida de dos vías: esperar los referralses una posibilidad, pero otra es que la corte se acerque a las jurisdicciones nacionales para la trasmisión y comunicación de sus conocimientos masivos. La jueza expresó preocupación porque la región de América Latina no está, en su opinión, lo suficientemente representada en la Corte ni en cuanto a jueces ni en cuanto a personal administrativo.
Por último, la jueza enfatizó con mucha pasión la importancia de la utilización del idioma español o castellano por parte de la CPI. Según Ibáñez Carranza, el uso del idioma predominante en América Latina por parte de la Corte resulta fundamental para absorber la potente experiencia que tiene nuestra región en este tipo de causas y para incorporar la sabiduría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a materia de víctimas y reparaciones. Concluyó explicando que está trabajando en un proyecto para incentivar el uso del español por parte de la Corte como una herramienta empoderante que podría acercar a la Corte a América Latina. Por último, y para concluir esta fructífera y enriquecedora conversación sobre el rol de América Latina ante la Corte Penal Internacional, la jueza resaltó que no debemos esperar a la adultez de la CPI con el tema de la igualdad de género y la violencia contra las mujeres.
Se refirió a la doble vulnerabilidad que sufren las mujeres y los niños y agrego que “las mujeres son discriminadas y atacadas en la forma en que lo son porque nos consideran menos.” Por último, y como destello de optimismo, la juezaIbáñez Carranza declaró que son una nueva generación de jueces que van a dar impulso al tema de igualdad de género.
Seguiremos actualizando desde La Haya.
Esta entrada de blog y mi asistencia a la 17ª Asamblea de los Estados Partes cuentan con el apoyo de la Asociación Canadiense para la Justicia Internacional y el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá.
This blogpost and my attendance to the 17thAssembly of States Parties are supported by the Canadian Partnership for International Justice and the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
